Por Alejandro Almendros
La ministra de Seguridad Nilda Garré se enteró por televisión
que la Gendarmería, (cuyo Director Nacional, es Héctor Schenone), había
desvirtuado el fin que tiene el denominado Proyecto X, que había entrado en
vigencia en el 2005, bajo la órbita del Ministerio que conducía Aníbal Fernández.
Aquel protocolo establecía que la Gendarmería podía
utilizarlo "para registrar las relaciones asociadas con personas y
organizaciones delictivas”.
El argumento utilizado por Schenone, es que estos datos
fueron requeridos por la justicia y que por eso habían hecho las
investigaciones de los delegados de la empresa Kraftfood, Javier Hermosilla y Ramón
Bogado, y en donde también aparecía el dirigente Néstor Pitrola, entre otros, bajo la
denominada ley de Inteligencia Nacional(Ley 25.520).
Pero está, claramente prohibido en su articulado el “Realizar tareas represivas,
poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de
investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por
autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción,
o que se encuentre, para ello, autorizado por ley”.
“Obtener información, producir inteligencia o almacenar
datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones
privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones
partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales,
culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en
cualquier esfera de acción”.
Los
resultados de la auditoría que seguramente, terminarán con el relevo de
Schenone, (tal vez no ahora, pero sí en un corto plazo), dejan a la vista una
dura interna entre la Federal, de donde se supone que salió la filtración y la
Gendarmería.
Recordemos
que esta última por orden de Garré, reemplazó a la Federal en lugares claves
para la custodia de algunos lugares específicos como la Provincia de Buenos
Aires y la Capital, en donde se sospechaba de vínculos “non sanctos” entre la
Policía y los delincuentes.
Pero
también, muestran que todavía hay algunos sectores que se resisten a las modificaciones
y que creen que la Ministra no es digna de ser apoyada totalmente.
La
Ministra en esta semana, tendría que dar explicaciones no sólo por esta causa,
sino también por las represiones que se vienen dando en algunas manifestaciones
que no son afines al Gobierno, como pasó con las protestas contra la minería.
La
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, le ha brindado todo el apoyo para
seguir adelante en lo que creen en la Rosada es la lucha que hay que dar dentro
de algunas instituciones, pero lo cierto es que de comprobarse el hecho, Garré
quedaría “golpeada” en su rol de Ministra.
En
el tema de la minería, las cartas están echadas. Los gobiernos provinciales,
con el apoyo de la Nación, han salido a respaldar los proyectos mineros que
tiene cada una de las provincias, ya que para muchas de ellas como las
cordilleranas, representan el mayor ingreso.
Por
eso, en su nueva etapa, se han puesto de acuerdo con las empresas, y ambos,
explicarán los beneficios que le traerán a las respectivas poblaciones.
El
argumento, a partir de estos momentos, será que si bien es cierto que se
produce un fuerte impacto ambiental, es mentira que haya contaminación. Y con
respecto al agua utilizada, saldrán a compararlo con los que utilizan otros
sectores productivos, para amortiguar el impacto, y además argumentando que el
80% del agua utilizada, la hacen recircular.
Ahora,
quien recorre las provincias para tratar de desactivar los conflictos, es el Secretario
de Minería, Jorge Mayoral.
El otro conflicto pasa por el abastecimiento de combustible.
La posición del Secretario de Comercio Guillermo Moreno con respecto a la compra
de divisas por parte de las petroleras par abastecerse con diesel internacional
podría generar la falta del combustible. Las provincias está alertas y las
versiones que circulan, son que en mas de una buscarán la manera de revocar
concesiones si las empresas no cumplen con las inversiones necesarias para
garantizar el suministro interno.
El hecho, es que hoy el Ejecutivo está pagando los costos de
la falta de un programa en materia energética, y la falta de reconocimiento
podría agravar la situación.
El Gobernador de la Provincia de Chubut, le solicitó al
Ejecutivo que ponga en marcha una especie de Petróleo Plus 2, ya que con la suspensión
del primero le estaría generando un serio conflicto ya que la Pan American
Energy, podría dejar de generar las regalías que son el gran sostén de las
cuentas públicas. Como en Chubut, se da en Santa Cruz.
Así y todo, desde el PEN, piensan en que si caen las
acciones de YPF, podrían apartar al grupo Eskenasy a quien ya no lo ven como
aliado, e ingresar con aportes de la venezolana PDVSA.
Por las dudas, algunos sectores del Frente Para la Victoria,
ya salieron a pegar los carteles que dicen Malvinas e YPF 100% Argentinas
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