Por Alejandro Almendros
Cada una de las decisiones que adopta el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, nunca pasan desapercibidas. Generan apoyo o rechazo, pero así se da en este esquema de poder que no admite grises y apuesta siempre a todo o nada.
La importancia que adquiere el tema de la soberanía de las Islas Malvinas ha ocupado el foco de la atención política no sólo en nuestro país y en Gran Bretaña, sino que también ha adquirido una relevancia internacional, producto del trabajo que se viene realizando desde hace varios años y que a poco de conmemorarse el 30 aniversario de la trágica guerra se logró que la discusión se de en el mas alto nivel internacional.
El Canciller Héctor Timerman se reunió el viernes en la sede de la ONU en Nueva York con el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a quien informó personalmente acerca de la presentación del Gobierno argentino relativa a la militarización del Atlántico Sur por parte del Reino Unido.
Allí se esgrimió que “no pueden ser interpretadas de otra manera, entre otras, las declaraciones del Primer Ministro David Cameron del pasado 18 de enero cuando, frente al Parlamento y refiriéndose a las fuerzas militares de las islas Malvinas, señaló que había convocado al Consejo de Seguridad Nacional para discutir dicha cuestión. Ello estuvo acompañado por el alarde del Ministro de Estado para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, Nick Harvey, quien manifestó también ante el Parlamento, el pasado 16 de enero, que la base militar de las Islas Malvinas cuenta con un vasto número de recursos militares, los que incluyen fuerzas aéreas, navales y de tierra con capacidad de ser reforzadas, si fuera necesario. En la misma línea, el pasado 15 de enero, se manifestó el Canciller británico William Hague quien agregó una mención a la reciente remodelación del aeropuerto militar de las Islas. Julien Brazier, miembro de la Comisión de Defensa, de la Cámara de los Comunes británica, calificó el pasado 1 de febrero, al reciente despliegue militar británico como un mensaje para la Argentina “muy poderoso y oportuno”.
La introducción de armas nucleares en el Atlántico Sur es una contradicción al Tratado de Tlatelolco del cual Gran Bretaña es parte, cuyo fin es la desnuclearización militar de América Latina, habiendo todos los países sudamericanos renunciado a las armas de destrucción masiva”.
El discurso de la Presidenta fue bien recibido por la mayoría del arco político no solo oficialista, sino también por los opositores.
Si bien es cierto que asistieron a la convocatoria en casa de gobierno sin conocer detalle de lo que se iba a decir, luego de escuchar el discurso resaltaron que se apeló permanentemente en el discurso a la vía diplomática para resolver el conflicto. Igual le reclaman que abra el diálogo para desarrollar una política de Estado que esté avalada por la mayor cantidad de partidos para que represente a la mayor parte del conjunto de la sociedad.
A partir de mañana, El Secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, actuará de mediador ante los dos países, instando al Reino Unido a sentarse a negociar. Insistimos con lo contado en este blog hace ya un tiempo y que después fue utilizado como argumento discursivo por la Presidenta. 10 de las 16 colonias que quedan están en poder de Gran Bretaña
El otro tema es el de las petroleras.
Aquí habíamos anticipado que la Presidenta no iba a recibir a Brufau de Repsol y que si lo iba a hacer el Ministro de Planificación Julio De Vido, a quien se le sumó el Ministro de Economía Hernán Lorenzino. La reunión fue catalogada desde ambos sectores como mala. No hubo avances concretos en lo que las partes esperaban. El cruce de palabras entre Lorenzino y Brufau no hacían presagiar lo mejor (desde la petrolera se lo calificó como el “ministro mudo” y el ministro lo recibió como “el colonizador”).
La Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (OFEPHI), que nuclea a diez provincias productoras de gas y petróleo emitió el miércoles un documento en que asegura la falta de inversión por parte de compañías petroleras, a la vez que llama a los gobiernos provinciales a convertirse en severos fiscales del fiel cumplimiento de la legislación vigente para lograr el máximo de producción y autoabastecimiento.
La (OFEPHI) nuclea a diez provincias productoras de gas y petróleo representadas por los gobernadores Martin Buzzi por la provincia del Chubut, Gildo Insfran por la provincia de Formosa, Eduardo Fellner por la provincia de Jujuy, Oscar Jorge por la provincia de La Pampa, Francisco Pérez por la provincia de Mendoza, Jorge Sapag por la provincia de Neuquén, Alberto Weretilneck por la provincia de Rio Negro, Juan Urtubey por la provincia de Salta, Daniel Peralta por la provincia de Santa Cruz, y Fabiana Ríos por la provincia de Tierra del Fuego como titulares del dominio de los recursos energéticos.
La organización exigirá una actitud de reciprocidad de esfuerzos entre el Estado, la fuerza del trabajo y las empresas a fin de satisfacer la demanda actual y potencial en materia de recursos energéticos.
En este sentido, para la OFEPHI las provincias, titulares del dominio de estos recursos no renovables, establecido por la Constitución Nacional (art. 124), perfeccionada en la denominada Ley Corta N° 26197, se han visto fuertemente afectadas por la caída manifiesta de producción e inversión insuficiente de las empresas del sector, impactando directa e indirectamente en la generación de riqueza y el bienestar de cada uno de los habitantes de nuestras comunidades.
“Esta baja de los niveles de inversión, que no se corresponde con la dinámica del mercado nacional y/ o internacional de estos productos provoca un impacto negativo sobre las economías domésticas, generando tensión social, desvirtuando entonces la esencia misma del contrato económico y social entre el Estado, las fuerzas del trabajo y estas firmas para la exploración y explotación del recurso”.
El organismo, sostiene además que los términos del intercambio son favorables para el país por lo tanto cada una de las partes, Estado, empresa y la fuerza del trabajo organizada deben hacerse responsables de privilegiar la máxima producción de los yacimientos. Y que las provincias productoras deberán ser severos fiscales del fiel cumplimiento de la legislación vigente para lograr el máximo de producción y autoabastecimiento. Ayer, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, aseguró que una eventual estatización de la petrolera YPF “no está arriba de la mesa”, pero no descartó la “reversión” de algunos de sus yacimientos si la compañía de capitales privados españoles y argentinos no aumenta su nivel de inversión y producción.
Para finalizar el tema de las mineras está en debate. El gobierno que ya había blanqueado su intenció de ponerse a favor de la minería a cielo abierto con los controles pertinentes, quizo utilizar el otro día la defensa de un trabajador en una de las tantas videoconferencias y le salió mal. Este trabajador al que la presidenta lo llamaba Antonio y del que dijo no se lo puede acusar de ser un dirigente político, no era ni lo uno ni lo otro. Ni Antonio ni no dirigente. Hoy Juan José Mussi Secretario de Medio Ambiente de la Nación, en RPM, insistió en que no se puede demonizar a la minería.
El gobierno tendrá que empezar a asumir los costos políticos de sus decisiones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario